martes, 14 de febrero de 2017

BUENOS AIRES CONTRA LA CONFEDERACIÓN

Desde julio de 1853 se aceptó el cisma de facto entre los Estados de Buenos Aires y de la Confederación Argentina, los cuales se organizaron por separado. En mayo de 1853 se había sancionado la Constitución Nacional, base jurídica del gobierno de la Confederación.
Casi un año después, en abril de 1854, la provincia de Buenos Aires tuvo su propia Constitución, atribuyéndose la mitad del territorio argentino, pues incluía en sus fronteras a la pampa y la patagonia hasta el extremo austral. Declaraba además ser "un Estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no la delegue expresamente en un gobierno federal (1).
Por cierto, estas actitudes porteñas no contribuían en nada a un acercamiento con el gobierno de la Confederación. Tampoco ayudaban demasiado algunos gestos provenientes del otro lado. En noviembre del mismo año, fuerzas preparadas por los emigrados porteños residentes en Santa Fe y Montevideo al mando de Jerónimo Costa invadieron el territorio bonaerense. Su derrota en El Tala permitió reabrir las negociaciones. Pero en ese mismo mes, los diputados Manuel Lucero y Miguel Rueda, por Cordoba y Santiago del Estero respectivamente, proyectaron declarar abiertamente la guerra económica a Buenos Aires, prohibiendo que entraran en la Confederación mercancías ultramarinas no llegadas directamente del extranjero, es decir, provenientes de buques que hubieran hecho escala en los puertos de Buenos Aires o Montevideo. El Congreso de la Confederación consideró demasiado radical esta medida y encarpetó el proyecto. Urquiza, autorizado para hacer la guerra o la paz, decidió negociar.
Así, y a pesar de la tensión existente, ambos Estados pudieron llegar a un convenio el 20 de diciembre de 1854 gracias a la gestión privada de dos hombres de negocios santafesinos: José María Cullen, futuro gobernador de Santa Fe, y Daniel Gowland, chairman de los comerciantes ingleses. Dicho convenio establecía el armisticio entre los Estados beligerantes sobre la base del statu quo, el compromiso de retirar sus fuerzas del lugar que ocupaban a causa de la invasión de Costa, y de "conservar sus relaciones de comercio en el estado que tenían antes de ella, sin que ni uno ni otro impongan nuevas cargas que no fuesen impuestas a todo el comercio extranjero o que no existieran a esta fecha, respecto del comercio interno de uno y otro pueblo" (2). Si bien la unión proyectada por Urquiza -es decir, la incorporación de Buenos Aires al resto de la Confederación Argentina- no se habia conseguido, se obtenía una entente política.
Tras haber sido aprobado y ratificado por ambas partes el mencionado tratado, las negociaciones continuaron y el 8 de enero de 1855 fue suscripto el tratado definitivo por Santiago Derqui y Juan del Campillo, ministros del interior y de hacienda del gobierno de la Confederación respectivamente, y por Juan Bautista Peña, representante del Estado de Buenos Aires. Este tratado, aunque no evitaba el cisma político, impedía momentáneamente la lucha en el plano económico al reconocer la unidad del sistema mercantil, y mantuvo oficialmente la amistad entre ambos gobiernos por algo más de un año. Por él, ambos Estados se comprometieron a colaborar en la lucha contra los indígenas y aceptaron el principio de que la separación de Buenos Aires no alteraba las leyes de la Confederación (artículos 2º y 3º); acordaron el uso de la misma bandera para los buques matriculados en la Confederación y en el Estado de Buenos Aires (artículo 4º); y autorizaron la circulación libre de productos en ambas jurisdicciones, aclarando que las mercaderías extranjeras salidas de los puertos del Estado de Buenos Aires para la Confederación o viceversa no pagarían otros ni mayores derechos que los impuestos a los productos provenientes de otros mercados (artículos 5º y 9º), como había quedado convenido en el tratado anterior (3).
Si bien estos pactos de convivencia no eran una solución al problema de la división política, constituían un paso adelante en favor de la unificación económica. Consecuencia de aquéllos fue la designación de Daniel Gowland, en abril de 1855, por el gobierno de la Confederación como agente comercial en Buenos Aires, a fin de que se ocupase del comercio de las provincias desde la capital porteña y del problema de la defensa de las fronteras contra los indios.

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